Según dice la teoría, el Esta-do existe para articular la vida social mediante una coordinación política. Para hacerlo, opera con la administración pública, es decir, a través de una serie de instituciones que ponen en práctica sus acciones.
Las instituciones son entonces, el conjunto de órganos a los que les ha sido asignado ejercer el poder y llevarlo a la práctica con legitimidad, ya que ellas aseguran el cumplimiento de las metas y proyectos de la sociedad, garantizan la continuidad, la integración y la integralidad de lo que se hace, y además que ese quehacer forme parte de un marco coherente y global, evitan los liderazgos personalizados y el verticalismo, establecen las condiciones para un trabajo público serio, coordinado y eficaz para la sociedad y garantizan que se hagan las cosas, que se ejerzan adecuadamente los recursos y que los ciudadanos puedan exigir, revisar y evaluar las acciones y darles su dimensión precisa más allá de cualquier propaganda y discurso, y por supuesto, más allá de cualquier partidismo o interés particular. Por eso, como dice Zermeño, son la única forma de fortalecer lo público y la ciudadanía, y por lo tanto el respeto a ellas constituye, según Rosenblum, “la condición sine qua non de la democracia”.
Por supuesto, más allá de la teoría está la realidad: que las instituciones pueden resultar ineficientes y lentas, azotadas por trabas normativas, regulaciones deficientes, falta de presupuestos, burocracias ineptas y corruptas o malas dirigencias. Mario Vargas Llosa escribió que en América Latina nuestras instituciones siguen siendo populistas, oligárquicas o absolutistas, colectivistas o dogmáticas, llenas de prejuicios, enormemente intolerantes respecto a sus adversarios políticos y devotas del peor de todos los monopolios: el de la verdad. Otros autores dicen que las acciones políticas se deciden para producir efectos inmediatos y sin pensar en el largo plazo y lo que presenciamos los ciudadanos es falta de civilidad, la intolerancia y la defensa de los intereses partidarios por encima de cualquier otro interés. Alguien incluso ha dicho que en México pasamos de la presidencia imperial a la partidocracia o del poder del presidente al de los gobernadores virreyes.
El resultado de todo esto ha sido la pérdida de confianza de parte de los ciudadanos hacia las instituciones. No existe nada de ese valor que según Fukuyama tiene un peso determinante “en la cohesión social y en el bienestar económico de una sociedad” y que según Lechner es incluso “un lubricante para la cooperación.” Como me escribe el lector Julio Avilés: “Quizá el mayor lastre que tenemos los mexicanos es que somos una sociedad que basa su conducta en la descalificación y la desconfianza, no creemos en la buena fe de nadie, los gobernantes desconfían de los gobernados, los gobernados de los gobernantes, los patrones de los trabajadores y viceversa, los asociados en una empresa desconfían cada uno de los motivos del otro, los vecinos no se ponen de acuerdo en medidas que a todos beneficien, etc”. Y en efecto, las encuestas muestran que no tenemos confianza en las autoridades ni en el sistema de justicia ni en la policía, pero tampoco en los legisladores que se supone nos representan ni en los jueces que se supone nos defienden con imparcialidad.
Lo anterior viene a cuento por lo que está sucediendo ahora en relación al Instituto Federal Electoral, una institución que nos ha costado enorme esfuerzo levantar y millones de pesos sostener. Pero no solamente con ella. Desde hace varios años ya, se ha venido dando el proceso de descalificar, minar la credibilidad y la legitimidad y hasta abandonar a las instituciones que supuestamente encarnan los intereses de los ciudadanos y el ejercicio mismo de nuestra democracia, como son las que defienden los derechos humanos y el medio ambiente, así como las que garantizan la transparencia o la participación ciudadana. Y esto lo han hecho por igual tirios que troyanos, gobernantes que partidos políticos, organizaciones no gubernamentales que grupos de interés de iglesias, empresarios y medios de comunicación. Con buena o con mala fe, por venganzas políticas o por convencimientos legítimos, por desinterés o por intereses particulares, el hecho es que poco de ellas ha quedado en pie.
El riesgo que estamos corriendo es enorme. Hace unos años vimos como se caía ese país llamado Argentina, con todo y que su democracia electoral seguía intacta. ¿Es eso lo que queremos? ¿Cómo resolver este tipo de situaciones sin tirar al niño con todo y el agua de la bañera?
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