Para los políticos y los beneficiarios del poder la democracia consiste en concederle al pueblo la generosa prerrogativa de ir a votar cada tres o seis años, en un sistema que ellos controlan, con una credencial que ellos expiden, para que el pueblo llano sufrague por los candidatos que ellos han escogido y que nadie conoce a ciencia cierta, más allá de la publicidad que ellos organizan a través de los medios que ellos pagan (¿o pagaban?) para que en ese generosísimo ámbito ciudadano se cumpla con el ritual de la democracia y las masas votantes, que según ellos deben estar hechas para callar y obedecer a la usanza virreinal, regresen a sus actividades comunes para ponerse a trabajar y a producir buenos impuestos que le permitan al poder mantener sus ámbitos de control y privilegios, plenos de secretarios y secretarias particulares, elevadores privados, aviones privados, salas de juntas privadas, comedores privados y todo aquello que garantice poner una “sana distancia” entre los usufructuarios del poder y el pueblo al que “jinetean”.
También a cambio del voto, nuestros próceres le conceden a la comunidad el “derecho” de hacer algunas respetuosas preguntitas, que serán contestadas sólo en algunos casos, sin que se sepa si se dijo la verdad; asimismo, es posible quejarse ante las comisiones de Derechos Humanos por algún abuso de autoridad, en un país en que se cometen más de 14 millones de delitos, de los cuales 98% quedan impunes; de igual manera, existe el derecho de acudir a los tribunales para ahí hacerse viejo esperando justicia.
En esta democracia tan peculiar, solamente se puede esperar algún beneficio para los miembros del modesto “infelizaje popular” cuando los poderosos comienzan a agredirse los unos a los otros en su disputa por los ámbitos de manipulación de la información, o por la adquisición de algún beneficio espurio, pero sobre todo para dirimir el reparto del dinero, que es donde otra vez surge milagrosamente el nombre mágico de la democracia y de los derechos ciudadanos, a los cuales evocan conmovedoramente las facciones políticas y económicas mientras se arrancan los jugosos botines y los suculentos presupuestos.
En ese entorno cualquier reforma fiscal, energética o de otro tipo tendrá que quedar como rehén de los intereses de partidos, gobiernos, negociantes, concesionarios y miembros de esa casta divina, que sólo cambió de nombre y de usufructuarios, pero nunca de esencia, desde que la Revolución se convirtió en burocracia.
En ese contexto de una “democracia” tan pequeñita, es necesario imaginar la fórmula para lograr que nuestros dueños se peleen con más frecuencia, amarrándoles las navajas de la riqueza, para fomentarles múltiples “choques de trenes” porque a lo mejor en esos encontronazos algo le puede tocar a la inmensa mayoría de los mexicanos, que podrían beneficiarse quizá con un poquitito de educación elemental, alguna modestísima seguridad social, una infinitesimal seguridad y justicia o algún microtrabajo, mientras la apoteosis de los dueños de “vidas y haciendas” continúa prevaleciendo bajo las viejas tradiciones de la teocracia prehispánica, la explotación vil de la encomienda colonial, la rapiña mutiladora del siglo XIX o la justicia revolucionaria que todavía no aparece, aun cuando ya casi vamos a cumplir 100 años desde su génesis.
Si la estrategia planteada llegara a funcionarnos, a lo mejor los propietarios y usufructuarios del país finalmente se aniquilarían entre sí, y de ese modo podría haber una democracia verdadera sin la fuerza destructora de esos explotadores, con todo y sus socios, competidores y corifeos.
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