Pasada la tormenta —y aprobadas las reformas electoral y fiscal—, ya es posible la reconstrucción paulatina de los momentos que detonaron la decisión que terminó con un inédito en el Congreso mexicano: la unidad del PAN, PRD y PRI, contra el poder mediático.
Y uno de esos momentos decisivos fue precisamente la tarde del jueves 6 de septiembre pasado, cuando al calor de la batalla que desató la reforma electoral se reunieron de emergencia —para ultimar detalles sobre la respuesta que darían al embate iniciado por las televisoras al inicio de esa semana— los jefes de los tres grandes partidos representados en el Senado de la República: Santiago Creel, Carlos Navarrete y Manlio Fabio Beltrones.
El encuentro era tenso, la víspera se había difundido en algunos medios de la prensa nacional un desplegado de intelectuales y periodistas que se pronunciaban “Por la autonomía del IFE”, al tiempo que las grandes televisoras asumieron como suya la defensa del instituto y de su presidente, Luis Carlos Ugalde. En esa misma semana se inició lo que en los siguientes días sería la bandera de la “mediocracia”: la defensa de la libertad de expresión.
La tarde de ese jueves, Santiago Creel se presentó ante sus pares con el gesto descompuesto. Pasados los saludos protocolarios, soltó un furioso “¡Ya basta! Ahora sí ya se pasaron de la raya”, habría dicho. Sorprendidos, Navarrete y Beltrones quisieron saber los motivos de la indignación del panista y, luego de la explicación, se decidió la estrategia a seguir, porque según habrían convenido, las condiciones estaban dadas para el acuerdo final.
Creel expuso que en su noticiero en Radio Fórmula, Joaquín López Dóriga lo había acusado de solicitar, en los tiempos de precampaña, que se cerraran los espacios electrónicos al entonces precandidato Felipe Calderón para favorecerlo a él. El senador panista habría dicho que ya era intolerable lo que estaba ocurriendo, y llamó a sus pares a dar el paso definitivo no sólo en la aprobación de la reforma electoral, sino en la ley de medios.
Navarrete y Beltrones habrían expresado sus reservas sobre la solidez de la decisión de Creel. Le hicieron saber que el PRD y el PRI estaban listos para aprobar la reforma electoral, pero que todo estaba en manos del PAN y del presidente Calderón. “El problema es que ustedes se pueden echar para atrás, pueden presionar al Presidente y nos pueden dejar solos”, le habrían advertido Navarrete y Beltrones a Santiago Creel. El jefe de los senadores del PAN habría revirado con un contundente: “Todo está arreglado, además, de nuestro lado también existen agravios”. Todos empeñaron la palabra. Y la cumplieron. Pero detrás de la palabra de Creel estaba la palabra de Felipe Calderón. Por eso los elogios mutuos en el Senado.
La discusión siguió ya sobre la idea de aprobar la reforma electoral lo más rápido posible; se acordó sacar las dos reformas antes del regreso del presidente Calderón de su gira por la India —como estrategia mediática para sacar al Ejecutivo del golpeteo—, y en prevención del endurecimiento de la postura de los medios, se decidió desempolvar la ley de medios, y hasta se ordenó preparar —para un caso de emergencia— una denuncia de juicio político contra el IFE. ¿Cuáles serían las causales para esa decisión? Así las habría explicado Beltrones: “Tenemos las pruebas de que el registro del Partido Nueva Alianza fue ilegal”. Por cierto, ¿quién se opone hoy a la reforma, en su vertiente de aprobación por los congresos locales? La profesora Gordillo y sus aliados, como el gobernador Humberto Moreira.
Pero no fue todo. La ley de medios fue —y lo será en los meses por venir— un instrumento fundamental en manos del Congreso. En esa reunión del “jueves negro” se decidió sacarla, de igual manera, lo más rápido posible. Y se acordaron las líneas generales para ello. Es decir, seguir de manera escrupulosa el dictamen emitido por la Suprema Corte de Justicia —poder que echó abajo la ley Televisa—, para regular las concesiones bajo criterios “de libre competencia”, “un nuevo régimen de concesiones” y “modernización tecnológica”.
En el primer caso, los senadores acordaron abrir la competencia en televisión, no a tres o cuatro, sino a cinco cadenas nacionales de televisión; incluso se abrió la posibilidad de que una de ellas pudiera ser extranjera. En el segundo, acabar con el concepto de concesiones a perpetuidad y el establecimiento de reglas claras para la renovación y el pago de esa renovación. Y la modernización tecnológica se impulsaría sin las trampas que pudieran significar la multiplicación de bandas a partir de la propia renovación tecnológica.
Al final de cuentas, y gracias a una serie de hechos políticos que se alinearon en un momento dado —en una suerte de constelación política—, se aprobaron las reformas electoral y fiscal con un saldo que, en efecto, reportó beneficios para todos, de manera especial al gobierno de Calderón. Y es que a pesar del circo de la supuesta confrontación entre derecha e izquierda, la negociación fundamental fue entre la izquierda y la derecha. Y luego nos quieren asustar con el petate del muerto.
En el camino
A propósito del periplo que la reforma electoral deberá cumplir por los congresos estatales, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, hizo gala del cinismo político que le caracteriza, al declarar ufano que en “su estado” la reforma no pasará. Y claro, porque tiene todo el control, cual buen cacique. Pero no menos cínicos, otros gobernadores y ex gobernadores pusieron el grito en el cielo por la declaración de Moreira, cuando todos sabemos que casi todos los gobiernos estatales tienen controlados, “maiceados”, a sus respectivos congresos. Y casi todos, porque el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard —que ayer rindió su primer informe—, es de lo pocos que no puede con su Congreso, en este caso, la Asamblea Legislativa.
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