martes, 11 de septiembre de 2007

Estado de guerra - de la columna de Ramón Cota Meza



Cuando el capitolio del Estado se vio amenazado, un ganso despertó a los filósofos que dormían. Era Hobbes. (Michel Foucault)

A
menudo escuchamos conjuros contra los “poderes fácticos” no
institucionales, los cuales estarían estorbando la marcha del país.
Ahora descubrimos que si tales poderes existen los más audaces son los
que urden su trama dentro de las instituciones del Estado, con la
ventaja de ser institucionales y fácticos a la vez o alternativamente.

Esta
apariencia política dual ha sido expuesta y perseguida en muchas áreas
del Estado; la novedad es que ahora vemos un bloque de partidos,
facciones, zonas institucionales ocupadas y otros dispositivos
enfrentados a la ciudadanía, las instituciones electorales y los medios
de comunicación. La derrota política deriva hacia playas desconocidas,
quizá no tanto para Thomas Hobbes.

Hobbes acuñó la noción
“estado de guerra” para la situación hipotética en que “demasiada
igualdad” o “diferencia insuficiente” de poder crea una “guerra de
todos contra todos” (no una guerra real), que dura “mientras la
voluntad de luchar se manifieste de modo suficiente”, en ausencia de un
poder común que “atemorice” a los sujetos. Con demasiada igualdad las
diferencias reales son nimias e intercambiables (caso: ley fiscal por
control del IFE).

En “situación de guerra”, el débil no lo
es tanto para declinar su belicosidad, y el fuerte tampoco lo es tanto
para exponerse a perder, así que pospondrá el enfrentamiento, dejando
claro que podría desatarlo. Si la parte más belicosa impide al
Ejecutivo hablar ante el Congreso, el Ejecutivo responde con leve
contragolpe, suprimiendo la transmisión de un discurso hostil. El
mensaje del contragolpe es que el Ejecutivo también puede tomar vías de
hecho. El juego no pasa de ahí, pero el “estado de guerra” sigue.

Una
toma facciosa del IFE podría ser revertida con boicot a las elecciones,
pero los “demasiado iguales” abrirán otros frentes, siempre que falte
el poder común que “los atemorice” (según Hobbes), o los gobierne,
según el presidencialismo de espíritu republicano, democrático y
liberal. Tal es lo que se desprende de una lectura actual del “estado
de guerra” de Hobbes.

Las formaciones más frívolamente
audaces buscan imponer alguna variedad de parlamentarismo bajo el
supuesto de que el “viejo presidencialismo” está agotado. La
constatación por encuestas de la abismal impopularidad de estas fuerzas
y la alta popularidad del presidente no las arredra. Obsérvese que la
popularidad del presidente va junto con la reprobación de su política
económica, lo cual no puede significar otra cosa que la valoración de
la institución presidencial en sí misma.

Como lo constatan
muchos regímenes en el mundo, el presidencialismo no es pernicioso por
sí solo; es pernicioso cuando es apoyado por un partido hegemónico que
tiende a recircularse indefinidamente por el poder. En condiciones de
alternancia, esta tendencia tiene límite en el voto ciudadano. Si un
presidente llegara a pasarse de la raya, el voto se volvería contra su
partido. Los conjuros contra una “restauración del presidencialismo
autoritario” son aspavientos.

En cambio, sobran razones
para temer la instauración de cualquier variedad de parlamentarismo,
pues fortalecería proporcionalmente a los ocupantes del Congreso,
prolongando y exacerbando el “estado de guerra” que ya escenifican. Si
el Congreso llegara a aprobar alguna variedad de parlamentarismo, la
ley debería tener al menos un artículo transitorio que sometiera la
reforma a referéndum sobre la alternativa presidencialismo o
parlamentarismo.

En vista del ardor político de los
“demasiado iguales”, conviene pensar en vías tendientes a erigir un
poder común dotado de la mayor legitimación ciudadana. Si la
alternativa inducida por los “demasiado iguales” llegara a resolverse
por la ciudadanía en referéndum, cualquier forma de parlamentarismo
sería derrotada de manera rotunda.

Si en la coyuntura en
curso el Ejecutivo se viera en la disyuntiva de reforma fiscal o
autonomía del IFE, debería elegir lo segundo, pues fortalecería la
institución ante la ciudadanía. Ésta podría dar, a su vez, la mayoría a
su partido en la elección federal de 2009, erigiendo así el poder común
republicano que falta.




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