La delincuencia organizada incorpora a su filas a jóvenes y niños, especialmente a los que se agrupan en pandillas para convivir y aumentar su capacidad de protección y defensa. El problema de los adolescentes que delinquen, roban e incurren en faltas administrativas, pero también atentan contra la vida, la integridad personal y la salud tiene perfiles que alarman. Uno de cada tres jóvenes que cometen un delito, reincide.
Uno de tres. El futuro de México está en riesgo de continuar la tendencia.
Es evidente que la cárcel, como está organizada hoy en nuestro país, no tiene efectos correctivos, sino al contrario, y que no existen métodos eficaces de reintegración social.
El clima de violencia, corrupción e impunidad que padecemos, no facilita el sano desarrollo cívico y social de nuestros chicos. En los nueve meses transcurridos del presente año, el número de ejecutados supera al del mismo periodo del año pasado. Esa diferencia confirma que la poderosa operación de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia mayor, iniciada en diciembre del 2006, no ha logrado uno de sus objetivos principales: bajar el número de ejecuciones en plazas calientes.
Los maleantes curtidos reclutan niños para la comisión de delitos, los inducen a la drogadicción y les brindan protección e impunidad. Muchos de esos niños fueron antes víctimas familiares o sociales de atropellos y abusos, pero otros simplemente estaban abandonados o no tenían toda la atención que merecen.
En la cárcel, según documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los menores padecen sobrepoblación y quedan a merced de custodios que los maltratan y golpean. No hay allí, en general, lugar para programas de atención, ni personal ni médica, ni de capacitación educativa ni para el trabajo. Regresan a la calle en peores condiciones que en las que llegaron a la cárcel, ofendidos y resentidos.
Necesitamos variar esa ecuación en la que apenas 30% de los muchachos tienen una segunda oportunidad.
No es un problema de una colonia o de una ciudad. Baja California, el Distrito Federal, el estado de México, Nuevo León y Sonora registran los mayores números de delitos juveniles. La lista coincide geográficamente con la incidencia de violencia gangsteril.
Autoridades gubernamentales pero también maestros y padres de familia y la sociedad en general tenemos que estar atentos a la situaciones de riesgo. La vieja conseja de evitar malas compañías se aplica, pero también la de conocer que la mayor vulnerabilidad de un joven pasa cuando deja la escuela, cuando cruza los límites y roba a la familia; la transgresión muchas veces se traslada al espacio social. Un correctivo a tiempo, que no se limita a una nalgada sino pasa igualmente por escuchar inquietudes vocacionales, por respetar vocaciones personales, salvaría de mucho llanto a las madres del reclusorio, esas que después todo tienen que justificarlo.
Las políticas públicas son indispensables para prevenir pero nada podrá hacerse, sin embargo, si no logramos conjugar los esfuerzos de las autoridades con los de las escuelas, las iglesias, los medios y, claro, los padres de familia.
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