Hacer las cosas al revés de lo que es necesario y lógico ha sido el síndrome culpígeno que el poder mexicano no ha podido superar desde 1968, cuando la ciudadanía se montó en un pleito entre políticos para expresar su vergüenza colectiva y la necesidad de expiar públicamente su complicidad y su sometimiento de tantos años frente a sus caciques, los cuales respondieron con violencia demencial, exterminio selectivo y la multiplicación hasta el infinito de la corrupción y de la simulación.
Esa exaltación de ineptitudes fue implacable mientras hubo dinero para cerrar fronteras, aniquilar contestatarios y proteger complicidades; pero esa abundancia llegó a su fin y el sistema empezó a convertirse en una mascarada exhibicionista, en la que no importa el ridículo, mientras se conserve el botín y la impunidad.
Ahora estamos a punto de caer en esa misma trampa a través de una reforma en seguridad y justicia que se sustenta en estos tres ejes:
1. Darle facultades amplísimas de acción a un sistema policiaco incontrolable y descalificado por sus abusos, su corrupción y su ineficacia.
2. Otorgarle autonomía plena y sin control a un Ministerio Público que ha sido repudiado masivamente por su inmoralidad, por su incapacidad y por su carencia de controles de legalidad.
3. Exaltar la oralidad de los juicios penales, como una panacea casi mágica, cuando en ellos sólo se refrenda un proceso que ya realizó en secreto y a su antojo el Ministerio Público, y que los jueces no pueden variar ni las víctimas intervenir.
Para documentar este absurdo, es necesario puntualizar lo siguiente:
A) En México se cometen más de 11 millones de delitos y las policías no previenen 94% de ellos, porque están coludidas con la delincuencia, desde la más elemental hasta la más sofisticada, y cualquier superpoder que se les otorgue lo van a usar en beneficio de esa corrupción e ineficacia, mientras fabrican “teatritos mediáticos” para ocultar sus múltiples fracasos y contubernios.
B) Al Ministerio Público la población lo rechaza no sólo por sus vínculos con el poder, sino por su relación orgánica con la corrupción y la ineficacia; y por ello, 88% de los delitos ya nadie los denuncia frente a esa autoridad, que al obtener mayor autonomía y menos control, a lo mejor nos lleva a que la repudie 99% de las víctimas.
C) A los juicios penales sólo llega 1.9% de los delitos que se cometen, y de ese exiguo número, 80% son por robos en flagrancia con valor de menos de 8 mil pesos, los cuales deberían sentenciarse de inmediato por jueces cívicos; razón por la cual la oralidad, que es muy necesaria, de ninguna manera es la panacea que se está ofertando falsamente como solución global a la inseguridad y la injusticia.
En razón de lo expuesto, haría tres preguntas:
1. Antes de otorgarles “superpoderes”, ¿no sería mejor controlar con eficiencia y transparencia las conductas de todos los policías del país, para obligarlos a cumplir con sus deberes más elementales?
2. ¿No sería más útil someter al Ministerio Público a un verdadero control de legalidad, quitándole su corrupto “monopolio” de la acción penal, en lugar de otorgarle una patente más amplia de impunidad?
3. ¿No sería más lógico compactar la averiguación previa con un juicio penal transparente, oral y equitativo, ofreciendo la alternativa de una justicia cívica inmediata para la inmensa mayoría de los delitos?
La respuesta está en el aire.
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